La concejala Ana Florencia Ruberto (Frente Creer Entre Ríos), presidenta de la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades del Concejo Deliberante de Paraná, destacó la sanción de un paquete de normas que promueven acciones para la prevención, concientización y sensibilización de la violencia de género, entre las que se destaca la emergencia pública por el término de dos años, con posibilidad de prorrogarse por igual plazo si subsisten las razones que la han originado, que se aprobó este miércoles en el parlamento de la capital entrerriana.
“La declaración de emergencia en materia de violencia de género a nivel social, administrativo, financiero, y económico en la Municipalidad de Paraná es fundamental porque brinda al Departamento Ejecutivo las herramientas para agilizar cualquier tipo de trámite tendiente a atender esta problemática”, enfatizó la concejala.
Ruberto resaltó además que la ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante “pone al tema de género como una prioridad en la agenda de la gestión y permite al Departamento Ejecutivo Municipal disponer y reasignar partidas presupuestarias para realizar acciones que permitan paliar situaciones de violencia y trabajar en programas de prevención, detección y concientización respecto de las violencias y cómo se ejercen”.
El proyecto había sido presentado por Maximiliano Rodríguez Paulín (PRO), pero se trabajó en conjunto con el resto de los concejales que integran la Comisión de Equidad de Género e Igualdad de Oportunidades, que preside Ruberto.
En ese sentido, la concejala del Frente Creer Entre Ríos hizo hincapié en “la seriedad y compromiso que asumieron todos los concejales para trabajar sin egoísmos, dejando de lado las diferencias políticas en post de dar una respuesta urgente a este flagelo que vivimos como sociedad” y agregó que “el resultado de ese trabajo colectivo es una ordenanza que, sin lugar a dudas, pone a Paraná a la vanguardia nacional en la lucha contra la violencia de género”.
El Concejo Deliberante, además, aprobó por unanimidad otros tres proyectos que refuerzan los ejes de una gestión con perspectiva de género: la creación del Consejo Participativo Municipal de Mujer y Diversidad, la creación del Protocolo de Actuación ante Situaciones de Violencia de Género en el ámbito laboral municipal y la adhesión al Plan Nacional contra la Violencia de Género.
El Consejo Participativo de Mujer y Diversidad es un organismo que se encargará de proponer acciones tendientes a mejorar y proteger derechos de las mujeres y del colectivo LGBT+; como así también elaborar dictámenes, informes, propuestas y actividades de promoción de la conciencia social sobre la necesidad de la igualdad de oportunidades entre mujeres, hombres y personas LGBT+; e impulsar la perspectiva de género en la implementación de políticas públicas.
Será presidido por la viceintendenta, aunque podrá delegar el cargo en la titular de la Subsecretaría de Mujer y Diversidad de la Municipalidad; y estará integrado por representantes de universidades; el Poder Judicial; organismos provinciales de Mujeres, Géneros y Diversidad o afines; el Concejo Deliberante; el Departamento Ejecutivo Municipal; organizaciones sindicales, estudiantiles, vecinales, culturales, deportivas; y asociaciones de mujeres. Todos los integrantes participarían ad-honorem.
En la misma línea se inscribe otro proyecto para la elaboración de un protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito laboral municipal, como una herramienta para brindar asesoramiento, asistencia y contención para que las mujeres y las personas LGBT+ “puedan transitar un ámbito laboral libre de violencias promoviendo condiciones de igualdad y equidad”.
El protocolo tendrá aplicación ante situaciones de violencia, física, psicológica o sexual, “ejercida por funcionarios, profesionales y agentes municipales, que en el marco de sus relaciones laborales municipales, realicen algún acto de discriminación hacia mujeres y/o población LGBT+, obstaculizando ascensos, estabilidad o permanencia en el cargo”.